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Translation from English into Spanish: Colombian Women Social Leaders in the Media – Visibility or Burden!
English source text
Although Colombia is technically a post-conflict state since 2016 when the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) signed peace agreements, organized violence in the country continues. Particularly in rural territories, guerrilla movements, paramilitary successor groups, and narcotraffickers clash with one another and with state security forces as they aim to expand their control over illicit economies, including illegal cocaine production and gold mining. In these areas, the presence of state institutions remains limited, and citizens lack access to formal systems of justice and social protection.
As they seek to consolidate their power, these armed groups target social leaders who mobilize community resistance to their violent territorial and social control. Since the signing of Colombia’s peace accords in 2016, the think tank INDEPAZ has registered the murders of hundreds of activists and demobilized guerrillas from the Revolutionary Armed Forces of Colombia–People’s Army (FARC), including 107 assassinations of social leaders in 2020 alone. These armed groups are further guided by the logic of militarized masculinity which does not look kindly on women who transgress traditional gender roles. While male social leaders are more likely to be murdered, women social leaders, who are human rights defenders, are often targeted in highly gendered ways, . In other words, they are more at risk of being subject to certain forms of violence and other violations such as femicides, prejudice, exclusion, and repudiation than their male counterparts while their families become targets for threats and violence as well, with the aim to discourage women social leaders from pursuing their work.
These women, who empower local communities, face multiple risks as their work and what they are striving for, i.e. realizing women’s rights or any gender-related rights, are not ‘appreciated’ by those armed groups making them targets for attack.
Translation into Spanish
Aunque técnicamente Colombia es un Estado en situación de posconflicto desde 2016, cuando el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron los acuerdos de paz, la violencia organizada continúa asolando el país. En los territorios rurales en particular, los movimientos guerrilleros, los grupos paramilitares sucesores y los narcotraficantes se enfrentan entre sí y con las fuerzas de seguridad del Estado en su afán de aumentar el control de las economías ilícitas, como la producción ilegal de cocaína y la minería de oro. En estas áreas, la presencia de las instituciones estatales es limitada, y la ciudadanía no tiene acceso a sistemas formales de justicia ni de protección social.
En la búsqueda por consolidar su poder, estos grupos armados apuntan contra líderes sociales que movilizan la resistencia comunitaria contra sus actos violentos de control territorial y social. Desde la firma de los acuerdos de paz colombianos en 2016, el centro de investigación INDEPAZ ha registrado el asesinato de cientos de activistas y miembros desmovilizados de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), incluidos 107 asesinatos de líderes sociales solo en 2020. A su vez, estos grupos armados siguen la lógica de la masculinidad militarizada que no ve con buenos ojos a las mujeres que transgreden los roles de género tradicionales. Mientras que los líderes sociales hombres tienen más probabilidades de ser asesinados, las líderes sociales mujeres, que son defensoras de los derechos humanos , tienden a ser atacadas de formas que mucho tienen que ver con su género. En otras palabras, ellas corren mayor riesgo de ser sometidas a ciertas formas de violencia y otras vulneraciones —como el femicidio, el prejuicio, la exclusión y el repudio— que sus contrapartes hombres, a la vez que sus familias también se convierten en objeto de amenazas y violencias, con el propósito de desalentar a las líderes sociales de continuar con su trabajo.
Estas mujeres, que empoderan a las comunidades locales, enfrentan múltiples riesgos dado que su trabajo y sus objetivos, es decir, asegurar los derechos de las mujeres o cualquier tipo de derecho vinculado al género, no son “bien recibidos” por los grupos armados, lo que las convierte en objeto de ataques.